Tras la paz con las FARC, la guerra contra las drogas aún complica a Colombia

En Colombia crece la percepción de que el gobierno de Juan Manuel Santos está perdiendo el control de la lucha contra las drogas. El reciente asesinato de seis trabajadores rurales que participaron en una protesta masiva contra la erradicación de cosechas ilegales en Tumpaco, en la provincia de Nariño, ha aumentado esa sensación.

La política antinarcóticos de Santos está fuertemente vinculada al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también es un componente clave de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que por años ha respaldado el financiamiento de la guerra contra las drogas. La aceleración reciente de la producción de coca y cocaína ha puesto el tema en la agenda bilateral.

Las plantaciones de coca habían caído gradualmente desde inicios de los años 2000, con la implementación de Plan Colombia, una iniciativa respaldada por EEUU. La producción cayó de 146 mil hectáreas en 2001 a 48.200 en 2013, según la oficina de drogas de la ONU, Undoc.

Sin embargo, la plantación y producción de cocaína comenzó a crecer rápidamente desde 2014 y en 2016 llegó a 14.100 hectáreas y 866 toneladas, un salto de 52% y 34% respectivamente en comparación con los niveles de 2015. Las mediciones del gobierno de EEUU indican también un alza en la producción, aunque con un incremento anual menos dramático: apuntan a que las plantaciones de coca llegaron a 188 mil hectáreas en 2016, 18% más que el año anterior.

Paz y consenso

Aunque Santos lo ha negado, algunos sectores en Colombia creen que sus decisiones de reducir la erradicación manual de cultivos ilegales desde la segunda mitad de 2013 y suspender la fumigación aérea desde mediados de 2015 fueron concesiones a las FARC como parte de las negociaciones de la paz.

El gobierno asegura que la expansión de cultivo de coca fue causada primeramente por el deseo de los trabajadores rurales de beneficiarse de los programas de sustitución de cosechas ilícitas del gobierno, que son parte del acuerdo final con las FARC firmado en noviembre de 2016. Éste incluye el tráfico de drogas e indica que las autoridades priorizarán la sustitución voluntaria por sobre la erradicación forzosa. Santos se niega a retomar la fumigación aérea, asegurando que genera riesgos de salud.

La postura de consensos de Santos (quien ha insistido en que el modelo represivo contra las drogas ilegales ha fallado en todo el mundo) y los acuerdos con las FARC se contraponen a las demandas de la administración de Donald Trump, que está aumentando la presión sobre Bogotá para reducir más agresivamente las áreas cosechadas y la producción de cocaína.

El 16 de octubre, el gobierno de EEUU extendió por un año más la Ley de Emergencia Nacional sobre el Tráfico Significativo de Narcóticos en Colombia. La norma, desde 1995, ha categorizado el tráfico de drogas originado en Colombia como un peligro claro y presente para EEUU.

Este año, durante un encuentro bilateral en Washington, Trump exigió a Santos avances más dramáticos en la guerra contra las drogas. Más tarde, a mediados de septiembre, la Casa Blanca reveló que consideraba seriamente quitar la certificación a Colombia como socio confiable en la lucha contra las drogas. Los anuncios han reenfocado la agenda bilateral sobre los temas de tráfico de drogas, que habían pasado al segundo lugar tras la implementación de los acuerdos de paz.

La ayuda de Washington

Aunque la EIU no prevé que EEUU quite la certificación a Colombia, los temas de tráfico de drogas complicarán las relaciones bilaterales, llevando a roces periódicos, aunque menores. Adicionalmente, tanto el Congreso como el gobierno de EEUU endurecerán las condiciones para enviar ayuda a Colombia, que es el mayor receptor de alivio estadounidense tras Israel.

Tras invertir más de US$ 10 mil millones en Plan Colombia entre inicios de los 2000 y la mitad de la década de 2010, en 2016 aprobó su participación en Plan Paz Colombia, que apoya la implementación de los acuerdos de paz, subiendo el financiamiento de programas sociales, mientras mantiene un fuerte énfasis en la sustitución de cosechas. Este año, Washington aprobó US$ 450 millones para el Plan Paz Colombia en 2017 y 2018, pero los desembolsos ahora serán condicionados a los avances en la reducción de cosecha de coca y producción de cocaína.

Poco después de que la presión de EEUU comenzó a crecer, la administración de Santos anunció un programa para sustituir 100 mil hectáreas de coca en doce meses, 50% de manera voluntaria y el resto a la fuerza. El gobierno reporta que ha eliminado poco más de 17 mil hectáreas en los últimos meses, un paso muy lento en comparación con la magnitud del desafío.

Es poco probable que Santos baje significativamente las cosechas ilegales o la producción de cocaína antes del fin de su período en agosto. Los programas de sustitución de cosechas seguirán obstaculizados por la lenta implementación de los acuerdos de paz y por la variedad de actores aún involucrados en el comercio de drogas. La presencia de los disidentes de las FARC que han decidido seguir en el negocio de las drogas ilegales y las actividades de otros grupos ilegales armados, persistirá, particularmente en provincias como Norte de Santander, Nariño y Putumayo, donde se ubica 60% de las cosechas totales de coca.